Escribe: Alfonso Bermejo

La cuestión sobre el modelo territorial español no es un asunto nuevo. Por distintas circunstancias los gobiernos del PSOE y PP fueron posponiendo la discusión. Una de las razones la encontramos en el hecho de que el auge nacionalista es un fenómeno relativamente nuevo, y no porque no existieran ciudadanos que así lo expresaran – en Catalunya, País Vasco o Galicia – sino porque el mismo era aún una expresión minoritaria. De acuerdo al Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), en 2006, el 38.2% de los catalanes apostaba por el modelo actual de autonomías, el 33.4% a ser un Estado federado, y únicamente el 13.9% buscaba la independencia. Cuando comenzó la crisis económica en 2009, las cifras pasarían a ser 37%, 29,9% y 21,6%, respectivamente. Mientras que los que aceptaban el modelo autonómico resistían, los independentistas se hacían fuertes a costa de los federalistas.

El punto de inflexión llegó cuando, en 2010, el Tribunal Constitucional (TC) – por un recurso interpuesto por el PP – declara inconstitucionales algunos artículos del “Estatut” (especie de constitución autonómica), re-interpreta otros, pero sobre todo señala que el término “nación” - incorporado en el preámbulo, no tenía “ninguna validez jurídica” (la sentencia dicta: «De la nación puede, en efecto, hablarse como una realidad cultural, histórica, lingüística, sociológica y hasta religiosa. Pero la nación que aquí importa es única y exclusivamente la nación en sentido jurídico-constitucional. Y en ese específico sentido la Constitución no conoce otra que la Nación española»).

En octubre 2010, los independentistas llegaban al 25,2%; en junio de 2012 al 34%, en octubre al 44,3%; y en noviembre de 2013, a un importante 48,5%. Las figuras públicas independentistas, ligadas a los partidos Candidatura d'Unitat Popular (CUP), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Convergència i Unió (CiU) comenzaron a ganar mayor visibilidad y poder de interlocución. Un hito del empuje independentista se dio el 9 de Noviembre de 2014 cuando se realizó – pese a la suspensión del TC por un recurso interpuesto por el gobierno del PP – una consulta soberanista, no vinculante, con una participación de 2,3 millones de catalanes, resultando ganador el Sí con un amplio 80,76%, frente a los federalistas que obtuvieron el 10,07% y los que se decantaron por el No a la independencia, con un 4,54% . Desde esa fecha, el porcentaje de independentistas ha oscilado – siempre según la CEO – en un 41%, resignando algunos puntos en favor de la alternativa federalista. En conclusión, en sólo 10 años, el apoyo a la independencia creció en 27 puntos porcentuales.

En las elecciones autonómicas de 2015, los independentistas (Junts pel Sí y CUP) ganaron la mayoría parlamentaria en las autonómicas de Cataluña, pero con menos del 50% de los votos, lo que les daba el poder de las instituciones para impulsar una agenda soberanista. En este sentido, el 9 de junio de 2017, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, convocó un referéndum, de carácter vinculante, para alcanzar la independencia. Aunque fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, el 1 de octubre (1-O) se realizó el mismo, con una participación – de acuerdo a los convocantes – de 2,2 millones, y con un 90% a favor del Sí . 

Hay que mencionar que, por su manifiesto apoyo, 700 alcaldes de la Generalitat fueron llamados por la Fiscalía General del Estado a rendir declaración. Durante todo este tiempo, los principales partidos han evitado hacer frente políticamente al nacionalismo catalán, optando por intentar frenarlo pos la vía judicial, lo que ha reforzado el sentimiento independentista. Aunque portavoces del PSOE han manifestado en ocasiones su aprobación para una solución federal, lo cierto es que durante sus períodos de gobierno tampoco se avanzó en esta agenda. Por su parte, Unidos Podemos promuevea una agenda federalista donde se reconozca al Estado español como plurinacional. En esta línea se encuentra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. En una vergonzosa decisión, amparada en el dictamen sobre la ilegalidad de la consulta, el gobierno movilizó a la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Las imágenes de la jornada son muy desalentadoras, ciudadanos de todas las edades impedidos violentamente de ejercer su derecho a decidir, a la autodeterminación. Era previsible que la actuación del gobierno consiguiera el efecto contrario al deseado, la represión desde el gobierno central no ha hecho más que darle mayor impulso al afán separatista. El saldo, según cifras del Govern es de 893 heridos.

La declaración unilateral de independencia es ilegal, de eso no cabe duda. El artículo 2 de la Constitución Española de 1978 proclama «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas». Para ello, resulta aclaratorio el dictamen del Tribunal Supremo de Canadá, del 20 de agosto de 1998, respecto al deseo independentista de la provincia de Quebec, donde señala «Sea cual sea la definición justa de pueblo(s) que debe aplicarse en el contexto presente, el derecho a la autodeterminación no puede, en las circunstancias actuales [las de un Estado democrático], constituir el fundamento de un derecho de secesión unilateral». 

Sin embargo, dejando clara la ilegalidad del acto unilateral, estoy convencido de la legitimidad que tiene un pueblo/nación para escoger su forma de gobierno, amparándose en el derecho a la libre autodeterminación. En este sentido, el tribunal canadiense expresó también que «hay medios que un Estado democrático no debería emplear para retener contra su voluntad, claramente expresada, a una población concentrada en una parte de su territorio». El gobierno español se niega a cualquier iniciativa que implique un diálogo directo con el Govern, lo cual anula la salida política, dejando pocas opciones, salvo la aplicación de acciones de “fuerza” como el artículo 155 que establece medidas para el cumplimiento forzoso, pudiendo inhabilitar las instituciones catalanas (aunque no se tienen muy claro el alcance de las medidas nunca antes aplicadas), el artículo 116 que declara el estado de excepción y pueden recortarse algunos derechos fundamentales y libertades civiles, o el artículo 8 que permite el uso de las fuerzas armadas.

Por ahora, la estrategia del gobierno parece estar centrada en presentar a los grupos económicos los beneficios de la estabilidad del modelo español, frente a la incertidumbre de permanecer en Catalunya, lo que ha implicado que empresas como Sabadell o ‘la Caixa’ hayan cambiado su sede social. Ante ello, tratando de calmar los ánimos de los catalanes, el conceller de economía, Oriol Junqueras, ha señalado que el cambio – de acuerdo a lo que le habrían manifestado las propias empresas – es de carácter temporal. 

Estando claro que para el PP y Ciudadanos la indivisibilidad de España es innegociable, para Unidos Podemos la solución está en el diálogo político (defendiendo la posibilidad de un referéndum negociado y el ofrecimiento de un federalismo plurinacional), por lo cual la llave la tiene el PSOE -no refiriéndome a la necesidad de votos, pues el PP tiene mayoría en el Senado- por la necesidad (de acuerdo a los términos planteados por el gobierno) de dar una respuesta consensuada entre los dos partidos mayoritarios.

España necesita de autoridades que estén a la altura, declaraciones como las de Carles Puigdemont, Mariano Rajoy o las de Felipe VI no hacen más que complicar un necesario entendimiento. La salida pasa por la modificación del modelo territorial, orientándolo a un modelo federalista colaborativo, brindando mayores niveles de autonomía; el reconocimiento de las distintas nacionalidades dentro de un solo Estado; y, la modificación constitucional que posibilite la salida negociada de cualquiera de sus territorios siempre que así sea expresado – claramente – por sus ciudadanos. Un modelo que puede ser tomado como figura es la denominada “Ley de Claridad” canadiense. La información es de sobra conocida por los políticos españoles, es necesario no dilatar más la solución a la cuestión catalana, lo que podría suponer – esperamos no se llegue a ello – una escalada de violencia por ambos lados.

Finalmente, se hace necesaria la intervención de la comunidad internacional, la cual se ha manifestado (salvo excepciones como en el caso de Sudán del Sur, por ejemplo) contraria a toda posibilidad de ruptura territorial. Sin embargo, ello no se ha visto reflejado en la disminución de los movimientos independentistas. Sólo hace falta recordar que para 1945 la ONU contaba con 45 países miembros y ahora son 193. En este sentido, los esfuerzos no deberían estar enfocados en evitar las secesiones legítimas (que reflejen claramente el deseo de un pueblo/nación al autogobierno) sino a evitar que las mismas sean lo menos traumáticas, llevándose por vías pacíficas. Lo mismo para Catalunya que para el Kurdistán Iraquí o la República Árabe Saharaui Democrática.