En un certero post de Facebook sobre el incidente televisivo entre la candidata presidencial Verónika Mendoza y el periodista Aldo Mariátegui, el sociólogo y activista por los derechos humanos Eduardo González Cueva recordó lo siguiente: “Cuando trabajé en la CVR (Comisión de la Verdad y la Reconciliación), sabía lenguas extranjeras, pero en Ayacucho el extranjero era yo. Al organizar las audiencias públicas nuestro equipo descubrió que las páginas amarillas tenían decenas de hojas para traductores de todos los idiomas occidentales, y ninguno de quechua”.
La ausencia o invisibilidad de los traductores e intérpretes quechuas fue uno entre los muchos escollos que tuvo que enfrentar la CVR al organizar las audiencias públicas en las que tantas víctimas quechuahablantes dieron su testimonio sobre la violencia que habían sufrido a manos de miembros de Sendero Luminoso o de las Fuerzas Armadas durante los años del conflicto armado interno. El recuerdo de González Cueva ilustra bien el hecho, expresado por él mismo, de que “el quechua ha sido un estigma, una marca de inferioridad de casta, un indicador de pobreza” desde hace muchas décadas en nuestro país.
Sin embargo, parece que durante los últimos años se están produciendo algunos cambios en estas asociaciones, como lo muestra el hecho de que una candidata salga bien parada en una entrevista televisiva por desarmar a su agresivo entrevistador mediante un saludo en este idioma originario, uno de los 47 que, según las instituciones oficiales, se hablan en el Perú. Estos cambios no solo ocurren en los imaginarios colectivos sino también en las instituciones oficiales mismas, como lo demuestra la reciente creación de la Dirección de Lenguas Indígenas (DLI), entidad encargada de velar, en primerísimo lugar, por el respeto de los derechos lingüísticos de todos los peruanos y peruanas.
La política lingüística que guía las acciones de esta dirección aún no ha sido sistematizada ni dada a conocer, y sus distintas actividades se realizan con las restricciones presupuestales propias de un ministerio nuevo. Pero a pesar de estas limitaciones, existen claros avances con respecto a las décadas pasadas, cuando todas las acciones destinadas a favorecer la situación de las lenguas indígenas y de sus hablantes estaban restringidas al Ministerio de Educación, y no contábamos con un marco legal explícito al respecto. Ahora no solo tenemos a la mano la Ley de Lenguas (Ley 29735) sino que, además, se ha avanzado en una propuesta para reglamentarla, propuesta que ha sido consultada con las principales organizaciones indígenas nacionales.
Una de las acciones que la mencionada dirección ha realizado con mayor eficacia ha sido la formación y acreditación de traductores e intérpretes de lenguas originarias peruanas. Desde que, en el 2012, se inició el programa de formación hasta el momento, se ha capacitado a 251 traductores e intérpretes de 35 lenguas originarias. Es la primera vez que el Estado peruano asume estas responsabilidades, lo que resulta novedoso en el ámbito andino, donde el Perú ha solido estar a la zaga de los avances en la protección efectiva de los derechos lingüísticos.
Para evaluar esta experiencia desde una perspectiva académica, hemos desarrollado el proyecto “Traduciendo culturas para los derechos lingüísticos en el Perú”, en el que participan la Universidad de Newcastle, la Universidad Heriot-Watt (ambas del Reino Unido) y la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como la DLI y SER en calidad de socios. Entre los objetivos del proyecto están estudiar en qué medida la política de formación de traductores e intérpretes estatales en el Perú contribuye a velar por los derechos lingüísticos de los pueblos originarios en un país poscolonial, pluricultural y multilingüe como es el Perú, así como visibilizar los retos, preocupaciones y vivencias de los traductores, traductoras e intérpretes formados por el programa.[1]
Hay que recordar que estos avances en materia de derechos lingüísticos no son únicamente efecto de los cambios institucionales hechos “desde arriba” en el aparato estatal. Son también, y tal vez principalmente, resultado de las voluntades y energías de los propios hablantes, engarzadas con las luchas cotidianas de los pueblos indígenas por defender sus derechos, así como de la contribución que representan miles de pequeñas acciones ejecutadas diariamente por maestros y maestras de educación intercultural bilingüe, funcionarios e intelectuales comprometidos con sus pueblos, artistas y promotores que han hecho de las culturas originarias parte central de sus propuestas y trayectorias.
Para ilustrar esta conexión, vale la pena recordar que el programa de formación nació estrechamente vinculado a la Ley de Consulta Previa (Ley 29785), dado que esta estableció, en su artículo 16, la necesidad de que todos los proyectos que afecten a las comunidades y pueblos originarios sean consultados y que, en los territorios donde predominan las lenguas indígenas, se cuente con intérpretes para facilitar la comunicación en dichos procesos.
La Ley de Consulta Previa, como se sabe, surgió después de la tragedia de Bagua, que enlutó al Perú con la muerte de 33 compatriotas, y que mostró las hondas fracturas comunicativas, lingüísticas y culturales que siguen marcando al país en pleno siglo XXI. En el juicio que se está llevando a cabo sobre estos hechos, han desempeñado un papel central dos traductores-intérpretes awajún y wampis, quienes han facilitado la comunicación entre las partes y, de este modo, han contribuido a evitar que la violencia institucionalizada y monolingüe siga caracterizando la relación entre las autoridades y los pueblos indígenas.
Aún estamos lejos de que los traductores y traductoras de idiomas originarios anuncien sus servicios en las páginas amarillas y sean valorados igual que sus colegas que trabajan con lenguas extranjeras. Sin embargo, a lo largo de los casi dos años en que venimos investigando sobre este programa de formación, hemos observado la seriedad con la que estos nuevos profesionales desempeñan este oficio delicado y exigente en un contexto de desigualdades de toda índole. Vale la pena, entonces, apostar por la continuidad y profundización de iniciativas como esta, que permiten albergar la esperanza de un horizonte verdaderamente intercultural y multilingüe para el Perú.
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[1] El proyecto está financiado por el Arts and Humanities Research Council (Consejo Científico para las Artes y las Humanidades) del Reino Unido. Los investigadores somos la especialista en estudios traductológicos Raquel de Pedro Ricoy y los lingüistas Rosaleen Howard y Luis Andrade Ciudad.
