El anuncio de la construcción del ferrocarril interoceánico y el irresuelto conflicto por el proyecto Tía María han vuelto a poner en debate la necesidad del Ordenamiento Territorial, una de las tantas promesas incumplidas del presidente Ollanta Humala. 

Cada vez que ocurre un gran conflicto socio ambiental o se anuncia un nuevo mega proyecto de infraestructura, lo primero que se evidencia es la carencia total de políticas de planificación, ordenamiento y gestión del territorio. Luego, resulta obvia la escasa voluntad de autoridades y funcionarios del Poder Ejecutivo de siquiera aceptar que el tema merece ser discutido, pues, al parecer, asumen que la única visión válida y legitima es la del sector privado, y por lo tanto, desconocen lo que los gobiernos regionales y la ciudadanía puedan plantear.

Peor aún, lo único que escuchamos de parte de los representantes del gobierno nacional es la letanía de que lo fundamental es promover la gran inversión privada, que es el sostén y motor del crecimiento económico, y que las iniciativas que busquen proponer cambios para una gestión integrada y sostenible del territorio, o que pongan en cuestión el modelo extractivo, son irresponsables y atentan contra el desarrollo del país.

En buena medida, es por esa razón que una serie de cambios normativos promovidos por el Ministerio del Ambiente, que agregaban nuevos estudios a la zonificación económica ecológica –que son la fase inicial del Ordenamiento Territorial- retrasaron el avance de dicho proceso. A ello habría que agregar la eliminación del carácter vinculante del OT, en el marco del llamado “primer paquetazo ambiental” del mes de julio del 2014.

Por ello, no sorprende que, en medio del debate que viene sosteniendo con los llamados “post extractivistas”, el ministro Pulgar Vidal critique a quienes promueven una Ley de Ordenamiento Territorial que establezca condiciones bajo las cuales no se puede desarrollar la minería. Lo que llama la atención es que a pesar del compromiso del gobierno de debatir una ley, una vez que se hubiera aprobado la política de gestión y ordenamiento del territorio en el Acuerdo Nacional, el MINAM no ha elaborado una propuesta de ley que por lo menos recoja la visión “inclusiva” y complementaria de diferentes actividades productivas en un mismo territorio, que el ministro dice tener.

En Noticias SER creemos que mientras que el país no cuente con una política real y efectiva de Ordenamiento Territorial -dentro de la cual la ley es un instrumento que ayudaría a resolver las tensiones de la gestión inter e intragubernamental-, los conflictos seguirán multiplicándose a la misma velocidad que el gobierno nacional y el sector privado impulsen nuevos megaproyectos. Seguir creyendo que esta es la vía para promover el desarrollo, nos seguirá llevando por el camino de un crecimiento económico poco sostenible.