El monumento "El Ojo que llora", que se encuentra en el Campo de Marte, recuerda a los muertos del período de la violencia desatada por Sendero Luminoso. La artista que lo diseñó, Lika Mutal, dice que la frase significa: “La madre que llora sobre lo que hacen sus hijos el uno al otro”. Diríase que Mutal, nacida en un país lejano pero peruana de corazón, ha sentido que hasta las piedras lloran por la tragedia de los peruanos: indolentes al dolor del vecino.

Pero no todo es desolación. Los peruanos también tenemos una institución como la Defensoría del Pueblo, voz de los que no tienen voz, que no entra en polémicas estériles sobre el número de víctimas o sobre el porcentaje exacto de las responsabilidades que les competen a los actores. Sus funcionarios siguen trabajando, sin mirar a quien, dando los frutos que el futuro les reconocerá, como se los reconocerá a la Comisión de la Verdad.

Una vez más la Defensoría del Pueblo, cumpliendo con el encargo que la Ley le ha entregado, nos presenta un Informe sobre un tema peliagudo: los avances y retrocesos en el proceso de encuentro con la verdad, el castigo a los responsables y la reparación a las víctimas del conflicto armado interno que vivimos todos los peruanos y cuyas secuelas algunos las siguen padeciendo vivamente. Con un lenguaje sobrio y sin adjetivaciones, en el Informe N° 162 titulado “A diez años de verdad, justicia y reparación”, los encargados de supervisar el funcionamiento de los servicios que presta el Estado han recopilado información sobre el estado de la cuestión en tres asuntos concretos: el proceso de reparaciones a las víctimas; cómo marchan los juicios a los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos; y la situación de las personas desaparecidas.

El Informe reconoce que en esta década se han hecho avances como haber aprobado la ley que regula la ausencia por desaparición forzada, la ley que crea el Plan Integral de Reparaciones, el Registro Único de Víctimas, la implementación de los programas de reparaciones colectivas y económicas individuales, el Lugar de la Memoria, entre otros, pero señala que “aún persisten serias dificultades y demoras, estancamientos e, incluso, en algunos casos, retrocesos en la atención a las demandas de verdad, justicia y reparación de las víctimas de la violencia” (p. 8).

¿Y quiénes y cuántas son las víctimas de 20 años de violencia en el Perú? Pues, hasta marzo de este año se han contado 182,350 personas en el Registro Único de Víctimas, de las cuales casi el 60% son víctimas directas y el resto, sus familiares. Estamos hablando de 22,378 fallecidos; 7,399 desaparecidos; 30,687 torturados; 2,781 mujeres víctimas de violación sexual. Hay también 802 personas que quedaron con discapacidades permanentes y 7,535 que sufrieron otros flagelos como secuestro, prisión injusta, reclutamiento forzoso, etc. De todas ellas, el 96.4% son civiles, pero también están 1,034 policías registrados, 1,254 militares y 1,516 integrantes de los comités de autodefensa. El Consejo de Reparaciones ha entregado certificados al 57% de las víctimas inscritas. Quedan 75,431 certificados por entregar.

¿Y por qué estos retrasos? La Defensoría dice que es porque el proceso de reparaciones “no fue concebido como una política pública” de responsabilidad de todos los organismos estatales y no sólo del gobierno central. Pero no deja de pegarle un jalón de orejas a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel a la que diplomáticamente acusa de “falta de liderazgo”, así como a los gobiernos regionales y a las municipalidades por su “poco satisfactorio” desempeño en este asunto. La honrosa excepción la tienen las municipalidades de Chaclacayo, Chosica y Villa El Salvador. ¿A algún precandidato a las alcaldías de Huamanga, Cangallo, Andahuaylas, Huancavelica, Huánuco o Tingo María, entre otras muchas, se le ha ocurrido algo al respecto?

Toda comparación es enojosa y más aún en casos de víctimas de una guerra fratricida, pero baste decir que en cuanto a reparaciones económicas que se deben a casi 79,000 personas, sólo se las han entregado a 29,400, por un total de 136 millones de soles desde 2011. ¿Cuánto ha gastado el Estado peruano en publicidad desde el 2011? Un total de 162.6 millones de soles. Cabe preguntar: ¿A quién beneficia la publicidad estatal? [1].

El panorama de la justicia es decepcionante porque de alrededor de 200 casos que supervisa la Defensoría, el 39% del total ha sido archivado de manera definitiva o provisional, el 18% se encuentra en investigación preliminar, el 6% se encuentra en juicio oral, el 16% ha concluido con una sentencia, entre otros. Además, entre el 2005 y abril 2013, “la Sala Penal Nacional emitió un total de 97 sentencias en casos de graves violaciones a los derechos humanos… del total de sentenciados (285), el 78% fue absuelto mientras que el 22% recibió una condena. En relación a los casos por terrorismo, entre los años 2003 y abril 2013, la SPN expidió 891 sentencias, en las cuales condenó a 949 delincuentes terroristas y absolvió a 710 personas”. (pp. 20-21). Pero también el Congreso tiene parte de responsabilidad, pues “no ha cumplido aún con tipificar el delito de ejecución extrajudicial en la legislación penal nacional, ni adecuar el tipo penal de desaparición forzada a los estándares internacionales” (p. 17).

El Informe también llama la atención sobre la labor de las tres fiscalías de Ayacucho que tienen una carga procesal enorme de delitos contra los derechos humanos y terrorismo, donde las víctimas han sido en su mayoría familias campesinas. Tienen actualmente 554 investigaciones en trámite y 99 denuncias formalizadas. Uno se pregunta si habría sido tan alto el número de expedientes archivados (358 archivos provisionales y 735 archivos definitivos) si hubiesen tenido más personal y tiempo para investigar o si las presuntas víctimas hubiesen tenido un asesor legal. ¿Podrá hacer algo al respecto el Fiscal de la Nación?

Pero no se trata sólo del Fiscal de la Nación, sino también del Ministro de Defensa y de las comandancias generales del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea “que no brindan la información solicitada para lograr la identificación de los presuntos responsables o esclarecer algunos hechos importantes para las investigaciones (planes operativos, ubicación de bases militares, entre otros)” (p. 23).

Sin embargo, el caso de las víctimas detenidas-desaparecidas por las fuerzas del orden es el más lacerante y el que exige un giro en la actuación del Estado “para atender esta problemática como una política pública integral”. Como se recuerda, la Comisión de la Verdad entregó una lista de 8,558 personas desaparecidas, nombre por nombre. A ellas se sumaron 1,890 víctimas acreditadas por la Defensoría del Pueblo. Según el Equipo Médico Forense del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, señaló que existirían “más de 15,000 personas desaparecidas” (pp. 26-27). ¿Y dónde estarían? En 6,462 fosas comunes identificadas, dos tercios de los cuales ubicadas en el departamento de Ayacucho. El cuartel Los Cabitos de Huamanga era uno de ellos, como ya ha sido probado con los restos de 109 víctimas encontradas en sus linderos.

Esta es una herida abierta que no podrá cerrarse si el Estado y, en particular el ministerio de Justicia, no tienen una política clara y una enérgica voluntad para cumplirla. Urge además que la Sala Penal Nacional abandone el criterio de eliminar la responsabilidad penal por delito de desaparición si el imputado abandonó la condición de funcionario o servidor público (p. 25), lo que constituye un verdadero escándalo. Y quien crea que este problema desaparecerá conforme vayan muriendo los deudos, que se mire en el espejo de España donde siguen desenterrándose a las víctimas de hace 75 años para exigir justicia.

NOTA:

1. Diario Perú21 del 22 de abril de 2013